Castro, que atendió a los medios en una visita guiada al nuevo alojamiento gigante de Creedmoor, en el barrio de Queens, con capacidad para mil personas -hombres solos, y no familias- precisó que de los 97.000, son más de 60.000 los que siguen bajo cuidado de los servicios públicos de Nueva York, tanto en alojamiento como en alimentación o escuela para los niños.
El albergue gigante de Creedmoor se ha levantado en las instalaciones de un antiguo hospital psiquiátrico en desuso, y consta de cuatro carpas: un dormitorio colectivo con catres de campaña, un comedor y centro de llamadas, unas oficinas de registro y aseos públicos.
Su montaje y parte del funcionamiento ha sido financiado por el Estado de Nueva York, después de que el alcalde Eric Adams se haya quejado repetidamente de que la ciudad no puede afrontar sola la enorme carga financiera y logística que supone acoger a todos estos inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos.
El alcalde Adams puso la semana pasada una cifra a todo este coste presupuestario: 12.000 millones de dólares pagará la ciudad en este año y los dos siguientes para atender a los inmigrantes.
Se espera que esta misma tarde lleguen los primeros inquilinos, una vez se hayan marchado los periodistas, al tiempo que se levanta otro albergue similar en la isla de Randall, este de Nueva York.
La ciudad de Nueva York tiene la particularidad en Estados Unidos de que una ley de varias décadas le obliga a proveer techo a cualquier persona sin hogar, y ese detalle, junto a las oportunidades laborales más abundantes, es el que ha atraído a inmigrantes en mucha mayor proporción que otras ciudades o estados del país.
Sin embargo, el alcalde Adams ha impuesto recientemente un límite de sesenta días a cada persona que llega a un albergue público; pasado ese tiempo, y si no ha encontrado otra alternativa, tiene que volver a presentar una solicitud para ser de nuevo alojado en el sistema público.
Uno de los principales problemas con que se encuentran los inmigrantes es la tardanza en conseguir un permiso de trabajo -suelen tardar una media de doce meses-, pues sin él no pueden emanciparse de los servicios municipales, salvo que decidan trabajar sin permiso de trabajo y arriesgarse así a la expulsión. EFE
impactolatino.com
