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¿Y si salimos a la calle?

Por Daniel Lema Rincón

España atraviesa situaciones políticas, económicas, y sociales, que ameritan una reacción o respuesta de la población pero, ¿quién la organiza?

Caminábamos un sendero disfrazado de recuperación económica. Según la ministra Calviño, España alcanzaría niveles de crecimiento pre pandemia este mismo año.

Pero nada más alejado de la realidad, la verdad es que la inflación alcanzó su mayor crecimiento en casi treinta años. Los precios de los alimentos, servicios, y productos en general -como los regalos-, se están disparando a más de un mes de las fiestas de diciembre.

Se ha confirmado el cierre del gasoducto que nos provee desde Argelia, y que atraviesa Marruecos, pudiéndose vaticinar dos cosas sin lugar a muchas dudas. El gas y la electricidad seguirán subiendo, y la escasez de energía cada vez será más probable.

Los precios de la luz han batido todos los records históricos, independientemente de los artilugios utilizados por Moncloa para evitarlo, también van en aumento el diesel, el gasoil y la gasolina.

Por otro lado, comenté la semana pasada el posible escenario planteado por Austria de un gran apagón eléctrico que pudiera afectar a toda o gran parte de Europa. Desde ese entonces, ya Suiza y Alemania han seguido los pasos austriacos, y han dado información a sus ciudadanos de las  previsiones necesarias en caso de un posible apagón. El departamento de catástrofes -Protección Civil- del gobierno alemán, ha publicado un libro sobre cómo cocinar si electricidad.

Gracias a Dios, el gobierno de España a través de la ministra Teresa Ribera, aseguró que la producción de electricidad en el país es muy robusta, negando la posibilidad de un apagón -recuerde ahora todas las mentiras que el gobierno nos ha contado, desde los días de no pactar con PODEMOS hasta los actuales y saque sus propias conclusiones-.

A este sendero de recuperación económica, que no es tal, se suma la falta de legislación española. En muchos casos pareciera que está escrita para ir en contra de los intereses de los ciudadanos.A esto dedicaré un artículo completo

El último ejemplo es el salvaje asesinato de Lardero, comunidad riojana, en la que un niño con apenas nueve años, fue víctima de un asesino. El reincidente disfrutaba de un tercer grado -medida de excarcelación-, otorgado por Instituciones Penitenciarias, aún en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel de el Dueso, donde ya se encontraba detenido, también por asesinato.

El ministro de Interiror, Grande Marlaska, lamentó lo sucedido -por supuesto-, dijo en una rueda de prensa, que se trabajó con base a la legalidad, y que -por supuesto también-, no había que politizar el caso. Lo que no dijo, es que su ministerio entrega hasta dos mil euros anuales a los directores de prisiones, por otorgar la mayor cantidad de tercer grados como «plus de productividad».

Para colocarle la guinda al pastel, el primer partido de la oposición, el PP, el que debería estar dando esta batalla en el ámbito judicial, y pidiendo explicaciones, incluso planteando soluciones al declive económico, está en medio de su propia telenovela para ver quién bloqueó a quién dentro del partido en redes sociales. Todo gracias, a la pugna que existe por el control del partido en la Comunidad de Madrid.

No contentos con esto, el PP acaba de pactar con el PSOE y sus socios, los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal Constitucional, ha dictado la inconstitucionalidad de los dos primeros estados de alarma -entre otras cuestiones-, decretados por el gobierno durante el COVID. El Tribunal de Cuentas, el que embargó los bienes a los separatistas catalanes por la utilización de fondos públicos, para lograr sus delirios de poder.

Evidentemente, en este pacto, se quedan por fuera aquellos magistrados que han sido más eficientes contra ETA, y los independentistas catalanes, actuales socios del gobierno.

Se entiende que el gobierno necesita aprobar presupuestos, y mantener una estabilidad política, se entiende que entre el PSOE y sus socios la mantengan, pero que este gobierno encuentre estabilidad, respiro e incentivos a sus políticas gracias al PP no tiene mucha lógica.

Y me pueden decir que lo hacen para cumplir con la Constitución, pero tienen años bloqueando las designaciones… ¿justo ahora las desbloquean para cumplir con lo estipulado en la Carta Magna? Yo no me lo creo.

Este tipo de artimañas al final, sólo le lavan la cara al gobierno, ponen en evidencia como poco a una parte del PP, y terminan debilitando el estado de derecho y las instituciones, que a fin de cuentas, son las únicas que pueden  garantizar la libertad, y la seguridad de los ciudadanos, así como las limitaciones, y la transparencia de aquellos que detentan o aspiran el poder político.

¿Cree usted que es normal que los partidos políticos escojan a los jueces?

Al final, los ciudadanos nos cansamos, porque debemos dedicarnos a sacar a nuestras familias -y al país- adelante, idependientemente de lo que el gobierno o los partidos hagan.

Debemos seguir trabajando y luchando por nuestro futuro y el de los nuestros, es la única forma de continuar, a pesar de algunos. Sin embargo, en un país donde las políticas del gobierno amenazan la calidad de vida de la mayoría de la población, donde se debilita el papel de las instituciones que garantizan nuestros derechos, es necesario salir a manifestarse, y demostrar sentido común e interés por lo que nos está sucediendo como sociedad ¿o lo dejamos para cuando ya sea tarde?

Iberoeconomia.es

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¿Y si salimos a la calle?

Por Daniel Lema Rincón

España atraviesa situaciones políticas, económicas, y sociales, que ameritan una reacción o respuesta de la población pero, ¿quién la organiza?

Caminábamos un sendero disfrazado de recuperación económica. Según la ministra Calviño, España alcanzaría niveles de crecimiento pre pandemia este mismo año.

Pero nada más alejado de la realidad, la verdad es que la inflación alcanzó su mayor crecimiento en casi treinta años. Los precios de los alimentos, servicios, y productos en general -como los regalos-, se están disparando a más de un mes de las fiestas de diciembre.

Se ha confirmado el cierre del gasoducto que nos provee desde Argelia, y que atraviesa Marruecos, pudiéndose vaticinar dos cosas sin lugar a muchas dudas. El gas y la electricidad seguirán subiendo, y la escasez de energía cada vez será más probable.

Los precios de la luz han batido todos los records históricos, independientemente de los artilugios utilizados por Moncloa para evitarlo, también van en aumento el diesel, el gasoil y la gasolina.

Por otro lado, comenté la semana pasada el posible escenario planteado por Austria de un gran apagón eléctrico que pudiera afectar a toda o gran parte de Europa. Desde ese entonces, ya Suiza y Alemania han seguido los pasos austriacos, y han dado información a sus ciudadanos de las  previsiones necesarias en caso de un posible apagón. El departamento de catástrofes -Protección Civil- del gobierno alemán, ha publicado un libro sobre cómo cocinar si electricidad.

Gracias a Dios, el gobierno de España a través de la ministra Teresa Ribera, aseguró que la producción de electricidad en el país es muy robusta, negando la posibilidad de un apagón -recuerde ahora todas las mentiras que el gobierno nos ha contado, desde los días de no pactar con PODEMOS hasta los actuales y saque sus propias conclusiones-.

A este sendero de recuperación económica, que no es tal, se suma la falta de legislación española. En muchos casos pareciera que está escrita para ir en contra de los intereses de los ciudadanos.A esto dedicaré un artículo completo

El último ejemplo es el salvaje asesinato de Lardero, comunidad riojana, en la que un niño con apenas nueve años, fue víctima de un asesino. El reincidente disfrutaba de un tercer grado -medida de excarcelación-, otorgado por Instituciones Penitenciarias, aún en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel de el Dueso, donde ya se encontraba detenido, también por asesinato.

El ministro de Interiror, Grande Marlaska, lamentó lo sucedido -por supuesto-, dijo en una rueda de prensa, que se trabajó con base a la legalidad, y que -por supuesto también-, no había que politizar el caso. Lo que no dijo, es que su ministerio entrega hasta dos mil euros anuales a los directores de prisiones, por otorgar la mayor cantidad de tercer grados como «plus de productividad».

Para colocarle la guinda al pastel, el primer partido de la oposición, el PP, el que debería estar dando esta batalla en el ámbito judicial, y pidiendo explicaciones, incluso planteando soluciones al declive económico, está en medio de su propia telenovela para ver quién bloqueó a quién dentro del partido en redes sociales. Todo gracias, a la pugna que existe por el control del partido en la Comunidad de Madrid.

No contentos con esto, el PP acaba de pactar con el PSOE y sus socios, los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal Constitucional, ha dictado la inconstitucionalidad de los dos primeros estados de alarma -entre otras cuestiones-, decretados por el gobierno durante el COVID. El Tribunal de Cuentas, el que embargó los bienes a los separatistas catalanes por la utilización de fondos públicos, para lograr sus delirios de poder.

Evidentemente, en este pacto, se quedan por fuera aquellos magistrados que han sido más eficientes contra ETA, y los independentistas catalanes, actuales socios del gobierno.

Se entiende que el gobierno necesita aprobar presupuestos, y mantener una estabilidad política, se entiende que entre el PSOE y sus socios la mantengan, pero que este gobierno encuentre estabilidad, respiro e incentivos a sus políticas gracias al PP no tiene mucha lógica.

Y me pueden decir que lo hacen para cumplir con la Constitución, pero tienen años bloqueando las designaciones… ¿justo ahora las desbloquean para cumplir con lo estipulado en la Carta Magna? Yo no me lo creo.

Este tipo de artimañas al final, sólo le lavan la cara al gobierno, ponen en evidencia como poco a una parte del PP, y terminan debilitando el estado de derecho y las instituciones, que a fin de cuentas, son las únicas que pueden  garantizar la libertad, y la seguridad de los ciudadanos, así como las limitaciones, y la transparencia de aquellos que detentan o aspiran el poder político.

¿Cree usted que es normal que los partidos políticos escojan a los jueces?

Al final, los ciudadanos nos cansamos, porque debemos dedicarnos a sacar a nuestras familias -y al país- adelante, idependientemente de lo que el gobierno o los partidos hagan.

Debemos seguir trabajando y luchando por nuestro futuro y el de los nuestros, es la única forma de continuar, a pesar de algunos. Sin embargo, en un país donde las políticas del gobierno amenazan la calidad de vida de la mayoría de la población, donde se debilita el papel de las instituciones que garantizan nuestros derechos, es necesario salir a manifestarse, y demostrar sentido común e interés por lo que nos está sucediendo como sociedad ¿o lo dejamos para cuando ya sea tarde?

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