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Tres razones para decir no a la ley trans de Irene Montero

Por Daniel Lema Rincón

La nueva ley trans aprobada en consejo de ministros demuestra que lejos de ayudar y avanzar en el fortalecimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, sólo busca la forma de crear confusión y aumentar la división en la sociedad.

Entre otras cuestiones, la ley trans, impulsada por la ministra de igualdad Irene Montero, impone la autodeterminación del género sobre el sexo, elimina la libertad y el derecho de los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos y crea las bases para la profundización de la división social.

Aquí los planteamientos para decir no a esta ley.

En primer lugar, la ley determina que los menores de hasta catorce años, o incluso aquellos de doce con orden judicial, pueden solicitar el cambio de sexo sin consentimiento paterno, informe médico o análisis psicológico.

¿De verdad creemos que un chaval de entre doce y diecisiete años puede saber lo que quiere? Seguramente el noventa y nueve por ciento no lo sepa, y de ese uno por ciento que por circunstancias puntuales sí lo sepa, ¿ no necesita una evaluación médica y psicológica que lo ayude y lo guíe en un cambio tan importante? ¿De verdad una madre o un padre no puede tener voz ni voto en una decisión de este calibre tomada por su hijo menor de edad?

¿Consideramos que un niño que le cuesta decidir a dónde quiere ir de vacaciones, estudiar, o la profesión  que quiere ejercer, puede decidir, así sin más,  cambiar de sexo y de nombre? ¿Sin pedir permiso de nadie y sin ayuda?

Sabiendo lo influenciables que pueden llegar a ser los niños, y viendo que gracias a esta ley no necesitan contar con sus padres o instituciones como guías o apoyos, veremos claramente los problemas que se pueden presentar en el futuro.

La segunda razón para estar en contra de la ley trans es la carga probatoria, que ahora recae sobre el acusado. La carga probatoria está relacionada con las pruebas que tienen que ofrecer los acusadores frente a los acusados, para probar la comisión de un delito u ofensa. Esta forma de actuación, protegía de alguna manera a las personas para que no fueran acusadas en vano.

Con la ley trans, la carga probatoria pasa al acusado directamente, lo que quiere decir que en cuanto se apruebe esta ley, sólo basta con acusar y el acusado tendrá que demostrar con pruebas que eso es mentira.

Colóquese usted querido lector, en una situación de las miles que se pueden presentar por maldad, en la que lo acusan de discriminación, e intente probar mentalmente que lo están acusando falsamente.

Si concluye que al final no hay defensa probatoria ya que se trata de la palabra de uno contra otro, sepa usted que muy probablemente ya perdió ese juicio…

Mi tercera razón para decir no a la ley trans y que está muy ligada a la anterior, es porque plantea la posibilidad de aplicar multas de hasta quince mil euros a aquellas personas que osen no alquilar un piso a una persona de la comunidad LGTBI.

Vamos a ver, ¿cómo sabe una persona que le negaron el alquiler por ser de la comunidad LGTBI y no por ser latino,  fumador,  de derecha o de izquierda? ¿Quién decide?

Por supuesto, en la mayoría de los casos –espero– no decidirá nadie más que el propietario del inmueble, que en el uso de su derecho a la libertad de elección, escogerá a la persona que considere más idónea de acuerdo a sus criterios.

Pero llegarán los casos en los que decidirá un juez, porque recuerden que con esta ley acusar por acusar será posible y será el demandado –el propietario del inmueble– quien tenga que demostrar que la orientación sexual del solicitante no afectó su decisión a la hora de escoger a su inquilino.

Piensen por un momento las posibilidades que sólo en esta área se abren para las tropelías, estafas y demás delitos que permite esta ley en nombre de la defensa de un colectivo que ha luchado durante muchos años por reivindicar y proteger sus derechos.

Muchos pensarán que dicha ley se debe a que ni la ministra Montero, ni el ministerio que dirige, consultaron con grupos afectados, expertos y otros ministerios para desarrollar un debate de altura, y así poder proponer una norma que de verdad estuviera enfocada en ayudar a la comunidad LGTBI. En mi opinión se debe a otro motivo.

Esta ley es una chapuza no sólo por improvisación, sino por determinación; una norma  que busca el enfrentamiento y  la imposición de unos sobre otros, incluso cuando no está ayudando realmente a aquellos a los que pretende imponer.

Es un precepto enmarcado en la personalidad de aquellos que la promovieron y la promueven, aquellos que hacen de la mentira su forma de vida; que hablan a los desfavorecidos y los olvidados de las penurias que han pasado y de cómo han sido oprimidos durante generaciones, pero que jamás les darán las herramientas para mejorar y superarse, porque eso implicaría el final de su farsa.

La ley trans no es más que otra burla por parte de este lamentable gobierno de España.

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Entre otras cuestiones, la ley trans, impulsada por la ministra de igualdad Irene Montero, impone la autodeterminación del género sobre el sexo, elimina la libertad y el derecho de los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos y crea las bases para la profundización de la división social.

Aquí los planteamientos para decir no a esta ley.

En primer lugar, la ley determina que los menores de hasta catorce años, o incluso aquellos de doce con orden judicial, pueden solicitar el cambio de sexo sin consentimiento paterno, informe médico o análisis psicológico.

¿De verdad creemos que un chaval de entre doce y diecisiete años puede saber lo que quiere? Seguramente el noventa y nueve por ciento no lo sepa, y de ese uno por ciento que por circunstancias puntuales sí lo sepa, ¿ no necesita una evaluación médica y psicológica que lo ayude y lo guíe en un cambio tan importante? ¿De verdad una madre o un padre no puede tener voz ni voto en una decisión de este calibre tomada por su hijo menor de edad?

¿Consideramos que un niño que le cuesta decidir a dónde quiere ir de vacaciones, estudiar, o la profesión  que quiere ejercer, puede decidir, así sin más,  cambiar de sexo y de nombre? ¿Sin pedir permiso de nadie y sin ayuda?

Sabiendo lo influenciables que pueden llegar a ser los niños, y viendo que gracias a esta ley no necesitan contar con sus padres o instituciones como guías o apoyos, veremos claramente los problemas que se pueden presentar en el futuro.

La segunda razón para estar en contra de la ley trans es la carga probatoria, que ahora recae sobre el acusado. La carga probatoria está relacionada con las pruebas que tienen que ofrecer los acusadores frente a los acusados, para probar la comisión de un delito u ofensa. Esta forma de actuación, protegía de alguna manera a las personas para que no fueran acusadas en vano.

Con la ley trans, la carga probatoria pasa al acusado directamente, lo que quiere decir que en cuanto se apruebe esta ley, sólo basta con acusar y el acusado tendrá que demostrar con pruebas que eso es mentira.

Colóquese usted querido lector, en una situación de las miles que se pueden presentar por maldad, en la que lo acusan de discriminación, e intente probar mentalmente que lo están acusando falsamente.

Si concluye que al final no hay defensa probatoria ya que se trata de la palabra de uno contra otro, sepa usted que muy probablemente ya perdió ese juicio…

Mi tercera razón para decir no a la ley trans y que está muy ligada a la anterior, es porque plantea la posibilidad de aplicar multas de hasta quince mil euros a aquellas personas que osen no alquilar un piso a una persona de la comunidad LGTBI.

Vamos a ver, ¿cómo sabe una persona que le negaron el alquiler por ser de la comunidad LGTBI y no por ser latino,  fumador,  de derecha o de izquierda? ¿Quién decide?

Por supuesto, en la mayoría de los casos –espero– no decidirá nadie más que el propietario del inmueble, que en el uso de su derecho a la libertad de elección, escogerá a la persona que considere más idónea de acuerdo a sus criterios.

Pero llegarán los casos en los que decidirá un juez, porque recuerden que con esta ley acusar por acusar será posible y será el demandado –el propietario del inmueble– quien tenga que demostrar que la orientación sexual del solicitante no afectó su decisión a la hora de escoger a su inquilino.

Piensen por un momento las posibilidades que sólo en esta área se abren para las tropelías, estafas y demás delitos que permite esta ley en nombre de la defensa de un colectivo que ha luchado durante muchos años por reivindicar y proteger sus derechos.

Muchos pensarán que dicha ley se debe a que ni la ministra Montero, ni el ministerio que dirige, consultaron con grupos afectados, expertos y otros ministerios para desarrollar un debate de altura, y así poder proponer una norma que de verdad estuviera enfocada en ayudar a la comunidad LGTBI. En mi opinión se debe a otro motivo.

Esta ley es una chapuza no sólo por improvisación, sino por determinación; una norma  que busca el enfrentamiento y  la imposición de unos sobre otros, incluso cuando no está ayudando realmente a aquellos a los que pretende imponer.

Es un precepto enmarcado en la personalidad de aquellos que la promovieron y la promueven, aquellos que hacen de la mentira su forma de vida; que hablan a los desfavorecidos y los olvidados de las penurias que han pasado y de cómo han sido oprimidos durante generaciones, pero que jamás les darán las herramientas para mejorar y superarse, porque eso implicaría el final de su farsa.

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