Inicio Destacados El aluvión de venezolanos lleva al caos al sistema español de acogida

El aluvión de venezolanos lleva al caos al sistema español de acogida

Un total de 19.280 venezolanos pidieron protección en 2018; España otorgó estatuto de refugiado a 30

Rafael J. Álvarez

España aboca a vivir en la calle a miles de solicitantes de protección internacional, derecho al asilo o estatuto de refugiado. Familias que han escapado de guerras, persecuciones políticas, extorsiones policiales, violencia callejera, hambre o desatención médica esperan sus peticiones de seguridad o de acogida en un limbo legal o sin plazas en locales habilitados, como exigen los tratados internacionales firmados por España, la Constitución o la Ley de Asilo.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pone una cifra: a 31 de mayo, 102.890 personas aguardaban en España respuesta a su petición de auxilio internacional.

No a todas les hace falta un techo, ni un asesoramiento social, lingüístico o educativo. Hay refugiados con algo de dinero, con profesiones cualificadas o con redes familiares aquí. Pero todos necesitan ser legales para trabajar y para saber que están protegidos estructuralmente de la violencia que les hizo abandonar su tierra y sus vínculos. O sea, un amparo por justicia, no por caridad.

Según la Oficina Estadística Europea (Eurostat), el mayor número de solicitantes de protección internacional en España proviene de Venezuela (19.280 el año pasado). El Gobierno de Nicolás Maduro provoca un exilio político y hambriento que recibe aquí una respuesta lenta: de las peticiones analizadas en 2018, España denegó 1.495 y concedió estatuto de refugiado a 30 personas.

El otro gran foco de demanda de asilo y denegación es Centroamérica: la Honduras de Orlando HernándezEl Salvador de Nayib Bukele o la Nicaragua de Daniel Ortega. Y América del Sur: la Colombia de Iván Duque. Es decir, huir de una violencia no oficial pero real: maras, mafias, corrupción policial, secuestros, violaciones, asesinatos.

De los 8.650 colombianos que pidieron asilo el año pasado, 50 obtuvieron estatuto de refugiado.

De los 2.410 hondureños, 10.

De los 1.365 nicaragüenses, cinco.

De los 2.275 salvadoreños, cero.

CEAR afirma que en 2018 «volvió a reducirse la concesión de protección internacional en España». «De las 11.875 resoluciones firmadas por el ministro del Interior, sólo 575 lograron el estatuto de refugiado y 2.230 la protección subsidiaria [no se le reconoce como refugiado pero sí corre peligro si regresa a su país]. A 8.980 se les denegó la protección». O sea, 24% de resoluciones favorables y 76% desfavorables.

Al ser nombrado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska dijo que la situación de la Oficina de Refugio y Asilo era «lamentable». Por entonces había 21.185 peticiones. Hoy, un año después, 46.596.

En el otro Ministerio de esta bicefalia del éxodo humano, el de Trabajo y Migraciones, se acumulan las solicitudes de acogida o de cita con unidades de trabajo social u ONG. España dispone de 8.000 plazas de acogida y hay 4.000 peticiones pendientes. «Si no hay plazas es por falta de previsión. Desde 2017 avisamos de que las rutas y el perfil de los migrantes estaban cambiando. Ahora la gran migración viene de Venezuela y Centroamérica. Antes, las personas venían por economía; ahora huyen de la violencia. Era fácil prever que iba a pasar y proveer plazas para ello. Cualquier experto lo sabía. Esperemos que en la Secretaría de Estado de Migracioneshaya expertos. Pero todo está premeditado: se usa el sistema de acogida para desincentivar las peticiones de asilo, que no resulte atractivo venir a España». Habla Patricia F. Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, que junto a Red Solidaria de Acogida se plantó el miércoles en la Secretaría de Consuelo Rumí con 66 requerimientos de auxilio para 66 personas huidas del hambre o las balas que tienen el cielo por techo.

«Bueno, esos sólo son casos de alguna zona de Madrid. Sólo hoy hemos conocido otros 200». Hablaba Vicens.

Fuente https://www.elmundo.es/espana/2019/07/08/5d223703fdddff6f7d8b469a.html

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España aboca a vivir en la calle a miles de solicitantes de protección internacional, derecho al asilo o estatuto de refugiado. Familias que han escapado de guerras, persecuciones políticas, extorsiones policiales, violencia callejera, hambre o desatención médica esperan sus peticiones de seguridad o de acogida en un limbo legal o sin plazas en locales habilitados, como exigen los tratados internacionales firmados por España, la Constitución o la Ley de Asilo.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pone una cifra: a 31 de mayo, 102.890 personas aguardaban en España respuesta a su petición de auxilio internacional.

No a todas les hace falta un techo, ni un asesoramiento social, lingüístico o educativo. Hay refugiados con algo de dinero, con profesiones cualificadas o con redes familiares aquí. Pero todos necesitan ser legales para trabajar y para saber que están protegidos estructuralmente de la violencia que les hizo abandonar su tierra y sus vínculos. O sea, un amparo por justicia, no por caridad.

Según la Oficina Estadística Europea (Eurostat), el mayor número de solicitantes de protección internacional en España proviene de Venezuela (19.280 el año pasado). El Gobierno de Nicolás Maduro provoca un exilio político y hambriento que recibe aquí una respuesta lenta: de las peticiones analizadas en 2018, España denegó 1.495 y concedió estatuto de refugiado a 30 personas.

El otro gran foco de demanda de asilo y denegación es Centroamérica: la Honduras de Orlando HernándezEl Salvador de Nayib Bukele o la Nicaragua de Daniel Ortega. Y América del Sur: la Colombia de Iván Duque. Es decir, huir de una violencia no oficial pero real: maras, mafias, corrupción policial, secuestros, violaciones, asesinatos.

De los 8.650 colombianos que pidieron asilo el año pasado, 50 obtuvieron estatuto de refugiado.

De los 2.410 hondureños, 10.

De los 1.365 nicaragüenses, cinco.

De los 2.275 salvadoreños, cero.

CEAR afirma que en 2018 «volvió a reducirse la concesión de protección internacional en España». «De las 11.875 resoluciones firmadas por el ministro del Interior, sólo 575 lograron el estatuto de refugiado y 2.230 la protección subsidiaria [no se le reconoce como refugiado pero sí corre peligro si regresa a su país]. A 8.980 se les denegó la protección». O sea, 24% de resoluciones favorables y 76% desfavorables.

Al ser nombrado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska dijo que la situación de la Oficina de Refugio y Asilo era «lamentable». Por entonces había 21.185 peticiones. Hoy, un año después, 46.596.

En el otro Ministerio de esta bicefalia del éxodo humano, el de Trabajo y Migraciones, se acumulan las solicitudes de acogida o de cita con unidades de trabajo social u ONG. España dispone de 8.000 plazas de acogida y hay 4.000 peticiones pendientes. «Si no hay plazas es por falta de previsión. Desde 2017 avisamos de que las rutas y el perfil de los migrantes estaban cambiando. Ahora la gran migración viene de Venezuela y Centroamérica. Antes, las personas venían por economía; ahora huyen de la violencia. Era fácil prever que iba a pasar y proveer plazas para ello. Cualquier experto lo sabía. Esperemos que en la Secretaría de Estado de Migracioneshaya expertos. Pero todo está premeditado: se usa el sistema de acogida para desincentivar las peticiones de asilo, que no resulte atractivo venir a España». Habla Patricia F. Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, que junto a Red Solidaria de Acogida se plantó el miércoles en la Secretaría de Consuelo Rumí con 66 requerimientos de auxilio para 66 personas huidas del hambre o las balas que tienen el cielo por techo.

«Bueno, esos sólo son casos de alguna zona de Madrid. Sólo hoy hemos conocido otros 200». Hablaba Vicens.

Fuente https://www.elmundo.es/espana/2019/07/08/5d223703fdddff6f7d8b469a.html

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