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Una farmacéutica española demanda a Nicolás Maduro

La farmacéutica española SM Pharma, una de las más importantes de Venezuela, ha demandado al Gobierno de Caracas en EEUU tras la confiscación de su empresa, en medio de la urgencia humanitaria y el colapso del servicio público de salud que sufre el país petrolero. La familia Santamarta, de origen asturiano, calcula su demanda en 200 millones de dólares si se valoran sólo los tangibles a la vista y la operación, una cifra que se elevaría hasta 850 millones sumando la deuda internacional no pagada, inventarios y los 213 registros sanitarios cosechados en 40 años de trabajo.

SM Pharma cuenta con el respaldo de la Embajada de España en Caracas y del Ministerio de Exteriores español, que en febrero pasado reclamó por escrito al Gobierno de Nicolás Maduro. «Se agotaron todas las opciones. Desde 2015 fuimos sometidos a coacción absoluta, acciones hostiles permanentes y acoso, incluso nos obligaron a entregar al Estado cantidad de productos. El interés del gobernador del Zulia (Omar Prieto) era expropiarnos para entregar nuestra sociedad a grupos del poder», confirmaba a EL MUNDO Raimundo Santamarta, presidente del grupo e hijo del fundador.

Los años previos de cerco se convirtieron finalmente en la toma, con militares y armas largas, de la empresa farmacéutica en 2018 y la confiscación total este año, cuando el propio Maduro realizó una retransmisión televisiva desde sus instalaciones para denunciar lo que la propaganda revolucionaria define como «guerra económica». Las cifras dicen todo lo contrario: SM Pharma ha producido un billón de unidades en un año, desde medicamentos cardiológicos a analgésicos y anticonvulsivos, entre muchos otros. En marzo, ya bajo control chavista, sólo fueron capaces de distribuir 11.000 jarabes para la tos. Cuando la revolución asaltó sus laboratorios, la empresa española producía 103 medicamentos, pero les acusaban falsamente de sólo lanzar al mercado tres productos.

Otros hechos también desmienten la justificación oficialista. «Veinte días antes de la toma nos habían dado el certificado de buenas prácticas y, 16 días antes, el permiso para producir productos contra el cáncer y la cirrosis. Uno de nuestros productos lo utilizó el cantante José Luis Rodríguez, «El Puma», para su terapia anticancerígena durante dos años y medio mientras conseguía su donante de pulmón. ¿Cómo nos pueden acusar de paralizar la empresa, si hemos demostrado inversiones constantes?», protesta el empresario de origen español.

Lo más rocambolesco es que Maduro aseguró entonces que la gestión bolivariana permitiría el pleno abastecimiento del sector fármaco con producción nacional. La situación es tan alarmante hoy que por fin su Gobierno se ha decidido a abrir la puerta a la ayuda humanitaria de Cruz Roja (demandada por el Parlamento democrático desde 2016).

Los Santamarta se han visto obligados así a iniciar acciones legales en el extranjero después de que el Tribunal Supremo de Justicia tampoco aceptara la solicitud de nulidad interpuesta. Ahora han depositado sus esperanzas para compensar la arbitrariedad revolucionaria en el acuerdo bilateral de protección de inversiones vigentes entre los dos países, que dispone una mediación internacional para resolver diferendos. SM Pharma ha contratado al despacho de abogados WDA Legal (Miami) en EEUU y también a una firma en España.

Venezuela enfrenta un desabastecimiento de medicamentos por encima del 85% (sólo se encuentran 15 remedios en las farmacias de cada 100 que se buscan) y una crisis hospitalaria nunca vista en el continente. «Estamos peor que cualquier país de África«, asegura Santamarta, cuyo equipo distribuía el 87% de su producción directamente a hospitales. «Nosotros éramos el laboratorio hospitalario más grande de Venezuela y distribuíamos a 362 farmacias directamente», añade.

Desde la irrupción de la revolución en sus instalaciones, SM Pharma ha comprobado cómo medicamentos suyos, como el antibiótico de última generación Meroperem, se vendía 100 veces más caro en el mercado. Incluso peor: antiparasitarios a cuatro bolívares se facturaba a 4.000 por la gobernación, «borrando el precio original nuestro».

SM Pharma sólo cuenta en la actualidad con el 20% de su personal, incluso de 14 profesionales de alta cualificación sólo quedan tres en la planta, «con lo que es imposible seguir trabajando», afirma Raimundo E. Santamarta, vicepresidente de la compañía.

Fuente:
https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/26/5cc350f721efa04e418b46f2.html

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SM Pharma cuenta con el respaldo de la Embajada de España en Caracas y del Ministerio de Exteriores español, que en febrero pasado reclamó por escrito al Gobierno de Nicolás Maduro. «Se agotaron todas las opciones. Desde 2015 fuimos sometidos a coacción absoluta, acciones hostiles permanentes y acoso, incluso nos obligaron a entregar al Estado cantidad de productos. El interés del gobernador del Zulia (Omar Prieto) era expropiarnos para entregar nuestra sociedad a grupos del poder», confirmaba a EL MUNDO Raimundo Santamarta, presidente del grupo e hijo del fundador.

Los años previos de cerco se convirtieron finalmente en la toma, con militares y armas largas, de la empresa farmacéutica en 2018 y la confiscación total este año, cuando el propio Maduro realizó una retransmisión televisiva desde sus instalaciones para denunciar lo que la propaganda revolucionaria define como «guerra económica». Las cifras dicen todo lo contrario: SM Pharma ha producido un billón de unidades en un año, desde medicamentos cardiológicos a analgésicos y anticonvulsivos, entre muchos otros. En marzo, ya bajo control chavista, sólo fueron capaces de distribuir 11.000 jarabes para la tos. Cuando la revolución asaltó sus laboratorios, la empresa española producía 103 medicamentos, pero les acusaban falsamente de sólo lanzar al mercado tres productos.

Otros hechos también desmienten la justificación oficialista. «Veinte días antes de la toma nos habían dado el certificado de buenas prácticas y, 16 días antes, el permiso para producir productos contra el cáncer y la cirrosis. Uno de nuestros productos lo utilizó el cantante José Luis Rodríguez, «El Puma», para su terapia anticancerígena durante dos años y medio mientras conseguía su donante de pulmón. ¿Cómo nos pueden acusar de paralizar la empresa, si hemos demostrado inversiones constantes?», protesta el empresario de origen español.

Lo más rocambolesco es que Maduro aseguró entonces que la gestión bolivariana permitiría el pleno abastecimiento del sector fármaco con producción nacional. La situación es tan alarmante hoy que por fin su Gobierno se ha decidido a abrir la puerta a la ayuda humanitaria de Cruz Roja (demandada por el Parlamento democrático desde 2016).

Los Santamarta se han visto obligados así a iniciar acciones legales en el extranjero después de que el Tribunal Supremo de Justicia tampoco aceptara la solicitud de nulidad interpuesta. Ahora han depositado sus esperanzas para compensar la arbitrariedad revolucionaria en el acuerdo bilateral de protección de inversiones vigentes entre los dos países, que dispone una mediación internacional para resolver diferendos. SM Pharma ha contratado al despacho de abogados WDA Legal (Miami) en EEUU y también a una firma en España.

Venezuela enfrenta un desabastecimiento de medicamentos por encima del 85% (sólo se encuentran 15 remedios en las farmacias de cada 100 que se buscan) y una crisis hospitalaria nunca vista en el continente. «Estamos peor que cualquier país de África«, asegura Santamarta, cuyo equipo distribuía el 87% de su producción directamente a hospitales. «Nosotros éramos el laboratorio hospitalario más grande de Venezuela y distribuíamos a 362 farmacias directamente», añade.

Desde la irrupción de la revolución en sus instalaciones, SM Pharma ha comprobado cómo medicamentos suyos, como el antibiótico de última generación Meroperem, se vendía 100 veces más caro en el mercado. Incluso peor: antiparasitarios a cuatro bolívares se facturaba a 4.000 por la gobernación, «borrando el precio original nuestro».

SM Pharma sólo cuenta en la actualidad con el 20% de su personal, incluso de 14 profesionales de alta cualificación sólo quedan tres en la planta, «con lo que es imposible seguir trabajando», afirma Raimundo E. Santamarta, vicepresidente de la compañía.

Fuente:
https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/26/5cc350f721efa04e418b46f2.html

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