Distintas asociaciones solicitaron una concentración frente al consulado venezolano y el Gobierno les denegó el permiso porque no es «urgente».
Carmen Lucas
Las principales asociaciones y representantes de partidos políticos venezolanos (la comunidad extranjera que más crece en España) presentes en Madrid tienen un buen enfado con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Pidieron permiso por escrito para celebrar una manifestación el miércoles 26 frente al consulado de Venezuela cinco días antes de esa fecha. El motivo era quejarse de la situación en la que se encuentran los venezolanos en España: no pueden renovar sus pasaportes y por lo tanto tampoco sus tarjetas de residencia porque el Gobierno de Nicolás Maduro les impide hacer trámites. Los jubilados también llevan más de 40 meses sin cobrar la pensión. De ahí que quisieran exigir a Maduro medidas urgentes ante una situación que deja a algunos al borde de la indigencia. Los venezolanos están protagonizando el mayor éxodo de la historia en Latinoamérica por la insostenible situación política y económica del país, el año pasado llegaron a España casi 20.000 venezolanos, sin ir más lejos.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno encabezada desde junio de 2018 por el socialista José Manuel Rodríguez Uribes les denegó el permiso porque «dicha situación no constituye una causa extraordinaria ni grave que justifique la urgencia a la que se refiere la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión».
Maduro critica a los venezolanos que deciden marcharse mientras crece la tensión en la frontera
La mencionada ley obliga a comunicar por escrito a la Delegación de Gobierno (o la autoridad correspondiente) con diez días naturales como mínimo y treinta como máximo, la convocatoria. Tan solo «cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas», dice la misma ley. De ahí que la Delegación argumente que el motivo en esta ocasión no suponía tal urgencia y que, al pedir la celebración un día laborable habría supuesto un problema de seguridad y tráfico.
Concesiones al socio Podemos
Sin embargo, las asociaciones convocantes se quejan de que «es la primera vez en ocho años que se niega el permiso de manifestación a la comunidad venezolana». El portavoz de Asociación Española Venezolana por la Democracia (ASEVED), Adolfo Martini, explica a EL ESPAÑOL que en otras ocasiones se ha solicitado a la Delegación de Gobierno celebrar manifestaciones uno o dos días antes de que tuvieran lugar y siempre han sido permitidas.
En cuanto a los posibles problemas de seguridad y tráfico, asegura que como máximo habrían sido 200 personas y que se trata de un colectivo muy respetuoso y pacífico. De ahí que sospeche que esta decisión esconde una concesión más del Gobierno de Pedro Sánchez a su socio legislatura, Podemos, próximo al chavismo y la República Bolivariana de Venezuela.
En los últimos días, miembros del Ejecutivo socialista han caído en contradicciones precisamente por su posicionamiento respecto a la crisis en el país venezolano. Mientras Sánchez afirmaba este jueves desde Estados Unidos que «si queremos solucionar el problema de Venezuela tenemos que responder de manera regional», su delegado de Gobierno denegaba la manifestación a los exiliados. Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunía con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, en la ONU. Allí, apostó porque «España dejaría de liderar la línea dura europea de sanciones contra Venezuela».
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