La organización Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia acudió al Palacio de La Moneda para hacer entrega de las solicitudes
Una organización de jóvenes de una veintena de países latinoamericanos reunió aproximadamente 10. 000 firmas para pedir al gobierno chileno que cancele la invitación a los presidente Nicolás Maduro y de Raúl Castro a la asunción presidencial de Sebastián Piñera este mes.
Miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia llegaron el miércoles hasta el Palacio de La Moneda para entregar la carta con miles de firmas a la presidenta Michelle Bachelet.
La organización liderada por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá, pidió que se cancele la invitación y que la mandataria chilena “envíe un mensaje a ambos dictadores caribeños diciéndoles que no son bienvenidos en Chile”, declaró Juan Carlos Vargas, dirigente de la red, al canal CNN Chile.
“Los constantes atropellos de Maduro y Castro a los derechos humanos de nuestros hermanos, la grave situación de desabastecimiento de alimentos y medicinas son algunas de las causas para considerar que estos personajes no merecen ser invitados”, indicó un comunicado difundido por este organismo.
La semana pasada, parlamentarios chilenos también expresaron su repudio a la llegada de Maduro y pidieron a la presidentae Bachelet evaluar alguna medida para cancelar la invitación.
En respuesta a esas peticiones, el canciller Heraldo Muñoz, confirmó el miércoles que la invitación a Maduro no será cancelada para la ceremonia de toma de posesión de Piñera el 11 de marzo, y explicó que si bien Chile tiene “una posición muy clara respecto al gobierno venezolano”, la invitación es protocolar y se realizó al Estado de Venezuela.
Esta polémica surge en Chile un día después de que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski pidiera a Maduro que desista de concurrir a la Cumbre de las Américas en Lima en abril y afirmó que su presencia “no será bienvenida en dicho encuentro”.
La decisión peruana se anunció en el marco de la reunión de cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima, que exigió al gobierno venezolano cambiar su calendario electoral y permitir abrir un “corredor humanitario” para enfrentar el desabastecimiento de alimentos.
