La medida afecta a ciertos funcionarios, trabajadores y familiares inmediatos del Ministerio del Interior y Justicia, Saime, Sebin, Cicpc y Ministerio de Relaciones Exteriores.
La embajada de Estados Unidos en Caracas ha implementado disposiciones presidenciales por las cuales se prohíbe otorgar visas a funcionarios de varias instituciones públicas del Estado venezolano, a fin de proteger a dicha nación de la entrada de “terroristas extranjeros”. La decisión también impide obtener el documento a familiares directos de dichos empleados.
La restricción está enmarcada en la Proclamación Presidencial número 9645, de fecha 8 de diciembre de 2017. “Venezuela se encuentra en esta lista porque el Gobierno de Venezuela no ha cooperado en verificar si sus ciudadanos representan amenazas a la seguridad nacional o pública. Además, hay fallas en suministrar información adecuada sobre seguridad pública y terrorismo, y ha sido evaluada negativamente por no cooperar por completo con respecto a las órdenes de desalojo de ciudadanos presentes en los Estados Unidos”, dijo a Caraota Digital una vocera de la embajada de Estados Unidos en Caracas.
De acuerdo al portal de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EEUU, la medida afecta a funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, del Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración (Saime), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“No se expedirán visas de ningún tipo B -1, B -2 o B-1/B-2 para ciertos oficiales identificados” de las entidades gubernamentales señaladas ni para “los miembros familiares inmediatos”, confirmó la fuente.
“Continuaremos trabajando para identificar a los países con deficiencias en el suministro de información que resulten recomendados para restricciones de viaje”, apuntó la vocera.
La medida se suma a otras sanciones adoptadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) contra funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, por estar vinculados en casos de violaciones a los derechos humanos y de hechos que han interrumpido el hilo constitucional y democrático en Venezuela.
Las más recientes fueron adoptadas el 18 de enero por la UE, que acordó sumar a su lista de sancionados a Diosdado Cabello, constituyente y vicepresidente del partido de gobierno, el Psuv; al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; y al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, entre otros.
