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Venezuela y la democracia

Hebert Gatto

Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, nuestro compatriota Luis Almagro, la situación de Venezuela no admite dilaciones ni eufemismos.

“Si no se realizan elecciones generales bajo las condiciones estipuladas pasaría a ser el momento necesario para aplicar la suspensión a Venezuela de sus actividades en la Organización en función del art. 21 de la Carta Democrática Interamericana” a efectos que éste lo haga considerar por la Asamblea. En su requisitoria reitera, en tono conminatorio, otorgar al gobierno venezolano un plazo no mayor de treinta días para la celebración del plebiscito revocatorio previsto en la Constitución bolivariana, una medida ya adelantada en mayo del año pasado. Una apelación que quedó aplazada por una mediación -en definitiva frustrada- auspiciada por el Vaticano.

Además de los comicios, el secretario recomienda la inmediata adopción de medidas adicionales como la liberación de detenidos, una acción conjunta del Ejecutivo y el Legislativo de ese país para acordar sus respectivas competencias, un clima de seguridad mínima para la ciudadanía, así como el cumplimiento de la Constitución y la ley, la única forma de restaurar la democracia en la convulsionada Venezuela. Esta instancia de revocación del actual Ejecutivo, que todas las encuestas han adelantado como claramente mayoritaria entre la población, ha sido hasta ahora obstaculizada por el gobierno que valiéndose de la infeliz mediación vaticana, ganó tiempo, consiguiendo que aún cuando el plebiscito se realice, el chavismo complete en cualquier caso su período de gobierno.

Aún así, cumplir con las elecciones no sólo supone acatar los mecanismos previstos por la Constitución sancionada por el propio régimen chavista y respetar al Parlamento respaldado por la mayoría de la ciudadanía, sino que implica la única salida viable para procurar solucionar la grave crisis que vive el país. Crisis no únicamente política, sino que se presenta como una inédita tragedia sanitaria y alimentaria que compromete la propia supervivencia del pueblo venezolano, pese a que todo esto ocurre en una de las regiones más ricas del planeta.

Se ha dicho que la posición de Almagro supone una directa intervención en los asuntos de Venezuela, y que debe dejarse que los venezolanos solucionen sus problemas sin intervenciones extranjeras. Por su lado y como era esperable, la Cancillería de esa nación respondió con la velocidad y la falta de estilo que le es habitual, atacando al secretario Almagro como “golpista, enemigo del pueblo y triste malhechor”. Ante estas actitudes es necesario hablar claro: la exclusión de la OEA, lejos de ser una medida intervencionista, supone el acatamiento de la propia carta de la Organización, la que no puede permanecer indiferente frente al apocalipsis del pueblo hermano. De no pronunciarse estaría actuando como cómplice de un régimen, que como todo autoritarismo solo procura eternizarse en el poder. Defender la democracia responde al imperativo de la hora. Cabe esperar que Uruguay, hasta ahora perseguido por las afinidades ideológicas del partido de gobierno, confuso y equívoco en este problema, respete sus tradiciones y vote como indica el Derecho y la decencia. Asúmalo Sr. Presidente.

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Además de los comicios, el secretario recomienda la inmediata adopción de medidas adicionales como la liberación de detenidos, una acción conjunta del Ejecutivo y el Legislativo de ese país para acordar sus respectivas competencias, un clima de seguridad mínima para la ciudadanía, así como el cumplimiento de la Constitución y la ley, la única forma de restaurar la democracia en la convulsionada Venezuela. Esta instancia de revocación del actual Ejecutivo, que todas las encuestas han adelantado como claramente mayoritaria entre la población, ha sido hasta ahora obstaculizada por el gobierno que valiéndose de la infeliz mediación vaticana, ganó tiempo, consiguiendo que aún cuando el plebiscito se realice, el chavismo complete en cualquier caso su período de gobierno.

Aún así, cumplir con las elecciones no sólo supone acatar los mecanismos previstos por la Constitución sancionada por el propio régimen chavista y respetar al Parlamento respaldado por la mayoría de la ciudadanía, sino que implica la única salida viable para procurar solucionar la grave crisis que vive el país. Crisis no únicamente política, sino que se presenta como una inédita tragedia sanitaria y alimentaria que compromete la propia supervivencia del pueblo venezolano, pese a que todo esto ocurre en una de las regiones más ricas del planeta.

Se ha dicho que la posición de Almagro supone una directa intervención en los asuntos de Venezuela, y que debe dejarse que los venezolanos solucionen sus problemas sin intervenciones extranjeras. Por su lado y como era esperable, la Cancillería de esa nación respondió con la velocidad y la falta de estilo que le es habitual, atacando al secretario Almagro como “golpista, enemigo del pueblo y triste malhechor”. Ante estas actitudes es necesario hablar claro: la exclusión de la OEA, lejos de ser una medida intervencionista, supone el acatamiento de la propia carta de la Organización, la que no puede permanecer indiferente frente al apocalipsis del pueblo hermano. De no pronunciarse estaría actuando como cómplice de un régimen, que como todo autoritarismo solo procura eternizarse en el poder. Defender la democracia responde al imperativo de la hora. Cabe esperar que Uruguay, hasta ahora perseguido por las afinidades ideológicas del partido de gobierno, confuso y equívoco en este problema, respete sus tradiciones y vote como indica el Derecho y la decencia. Asúmalo Sr. Presidente.

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