CEAR denuncia la limitación de los derechos de asilo para personas procedentes de países diferentes a Siria y reclama facilitar los recursos necesarios para dar respuesta al incremento de peticiones de asilo durante el último año
La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país.
Los actos de persecución en que se basen los fundados temores deben ser lo suficientemente graves al constituir una violación de los Derechos Humanos.
La guerra sufrida en Siria constituye el foco fundamental de la crisis migratoria actual, y ha condicionado en los últimos años, toda la política de asilo, tanto a nivel nacional como europeo.
Pero, ¿cómo ha reaccionado la Administración ante este conflicto? Tras varias denuncias por parte de distintas ONGs parece que finalmente el ejecutivo ha querido dar respuesta a los miles de refugiados llegado a España en los últimos años. Dicha respuesta se traduce en un incremento de solicitudes admitidas, y con lo cual, un aumento de resoluciones favorables.
En concreto, durante el 2016, se aceptaron un total de 6.855 peticiones de protección internacional, frente a las 1.020 peticiones del año anterior, lo que supone multiplicar por seis las resoluciones favorables (datos facilitados por CEAR).
El problema que ahora se plantea y reprochan muchas organizaciones humanitarias es que España aplique las condiciones de forma más restrictiva, limitando al máximo el derecho de asilo a todas aquellas personas que no procedan de Siria. Esto se deduce a través de las propias estadísticas, ya que de las 6.855 peticiones aceptadas, 6.215 proceden de personas que huyen del conflicto sirio (lo que constituye el 90% de las peticiones). Ya se había denunciado al Gobierno las restricciones y denegaciones de peticiones procedentes de nacionales de Ucrania o Mali.
España ha marcado un record de peticiones de asilo recibidas, en concreto, 15.755 solicitudes durante el 2016, lo que supone 3 solicitudes por cada 10.000 habitantes. Igualmente, esta cifra responde solo a un 1,3% de la solicitudes presentadas en Europa.
No obstante, a pesar del incremento, el Gobierno no consigue dar una respuesta efectiva a todas las peticiones. El último año, acumulaba 20.370 peticiones sin resolver. Y, de hecho, pese a que el pasado año recibió 15.755 peticiones, solo logró dar respuesta a 10.255.
CEAR reclama la necesidad de facilitar todos los medios necesarios para reducir el sufrimiento de estas personas, cuyas vidas dependen de una respuesta favorable a su petición de asilo.
Información obtenida de “El País”
