Gremios de periodistas venezolanos junto a la organización no gubernamental Espacio Público acudieron este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país para pedir que se garantice el acceso a la información que, aseguran, se ha visto perjudicado por la escasez de papel que afecta a los periódicos.
“Estamos introduciendo en la Sala Constitucional un recurso de protección de los intereses difusos y de restitución de los derechos constitucionales que asisten al pueblo venezolano para estar informado integral y verazmente”, dijo a la prensa el presidente del Colegio de Periodistas del país, Tinedo Guia, a las afueras del TSJ.
Acompañado también de representantes del Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Guia aseguró que los derechos a la libertad de expresión han sido “cercenados” por el Complejo Maneiro, empresa gubernamental que controla la importación de papel, al impedir el suministro.
Según los representante de estos gremios, más de 80 medios impresos están en riesgo de cesar su circulación por la falta de papel.
El pasado 18 de marzo el diario El Carabobeño, con más de 80 años de circulación, anunció el fin de su versión impresa, alegando que el complejo editorial encargado de la distribución no entregó el papel que requería para sus operaciones.
A lo largo de los dos últimos años varios diarios del país, entre ellos El Nacional, han denunciado una “crisis” por la falta de papel en las rotativas, algo que consideran es un intento del Ejecutivo venezolano por silenciar a la prensa crítica.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó a finales de 2014 que el “cerco” contra la prensa crítica e independiente en Venezuela se estaba “cerrando casi completamente”, luego de que el diario Tal Cual anunciara que sus reservas de papel se encontraban en un nivel crítico.
La papelera estatal venezolana aseguró a principios de 2015 que resolvería los problemas de escasez de papel con un plan de ampliación establecido entonces en 400 millones de dólares para desarrollar la producción local, lo que tomaría unos tres años para su ejecución.
Fuente: Doral News
